Los Veintisiete han decidido aplazar las negociaciones sobre la directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés), que prevé multas y sanciones para las grandes empresas que socaven los derechos humanos y el medio ambiente.
Los negociadores han retirado el debate sobre este expediente de su agenda de este viernes y volverá a programarlo en el futuro, aunque en una fecha aún por concretar, según han informado fuentes diplomáticas.
El Consejo y el Parlamento Europeo ya llegaron a un acuerdo en diciembre de 2023, pero el texto debe ser todavía refrendado por los Veintisiete para que pueda entrar en vigor.
Esta normativa busca presionar a aquellas empresas que no respeten los derechos humanos o el medio ambiente con sanciones y multas que van desde medidas como «nombrar y avergonzar» hasta retirar del mercado los productos de una empresa o imponer multas de, al menos, el 5% de su facturación mundial neta.
Una vez acordadas, las nuevas reglas se aplicará a las compañías europeas con más de 500 empleados y una facturación mundial neta de más de 150 millones de euros. Se aplicarán igualmente a las compañías con más de 250 empleados y con una facturación superior a 40 millones de euros si, al menos, 20 millones proceden de sectores específicos como el textil, la agricultura, la pesca, las materias primas agrícolas o materiales de construcción.
También afectará a las firmas extracomunitarias con una facturación neta de, al menos, 300 millones de euros en la Unión Europea y cuya lista será configurada por la Comisión Europea. El sector financiero, no obstante, quedará temporalmente excluido del ámbito de aplicación de la directiva, aunque se prevé una cláusula de revisión para reanalizar la situación el futuro en base a una evaluación de impacto con datos suficientes.
Además, las compañías deberán integrar en sus políticas y sistemas de gestión de riesgos medidas de «diligencia debida», incluido un código de conducta, y adoptar un plan específico que garantice que su modelo de negocio cumplirá con la limitación del calentamiento global a 1,5°C.
La legislación comunitaria deberá cubrir toda la cadena de suministro, de manera completa respecto de sus operaciones y las de sus filiales pero también de manera parcial respecto a las actividades posteriores de socios comerciales, por ejemplo en la distribución o reciclaje posterior de su producción.
La normativa cuenta con el apoyo de empresas y consumidores de la UE, que respaldan este acuerdo, como ha recordado la Fundación para la Justicia Medioambiental (EJF, por sus siglas en inglés), que ha lamentado que los Veintisiete no hayan podido concluir la adopción de la directiva.
«El tiempo no juega a nuestro favor. Todos los Estados miembro deben unirse lo antes posible sobre este acuerdo, o enfrentarse a retrasos interminables que el planeta y sus habitantes no pueden permitirse», ha advertido el director general y fundador de la EJF, Steve Trent, que señala a Alemania en particular, e invita al país a preguntarse «si quiere tener sobre su conciencia un bloqueo de última hora de esta legislación crucial».
